Alguien debería ocuparse de la Comisión Nacional de Energía

Seguramente que la sucesión de planes para el rescate de la economía mundial, europea y apoyo al sistema financiero, ha sacado del foco la situación de interinidad en la que se halla la Comisión Nacional de Energía (CNE). Casi la mitad de su Consejo de Administración tiene vencido lo que es la vigencia de su nombramiento y permanece, prorrogado, sine die, lo que en puridad no es bueno para ningún organismo. Y, si no, sólo hay que ver las consecuencias de la negociación de la composición del Tribunal Constitucional tiene sobre esta institución del Estado.
Este no es el único problema que afronta el organismo, ni el menor. Si hacemos una recapitulación de lo que hemos podido conocer estas ultimas semanas, la Comisión Nacional de Energía en el plano interno se prepara para un cambio organizativo importante con un número importante de nombramientos previstos, la salida del director de Regulación con destino a Endesa que además tendrá que ser verificada por la Oficina de Conflictos de Interés del Ministerio de Administraciones Públicas (y que como, mínimo, tendría que garantizar que no se ubicará en ningún área sensible vinculada a las actividades reguladas por su vinculación anterior), la adquisición de un edificio nuevo, la contratación de vehículo para todos los directores (en tiempos en que desde el Gobierno se promueve la austeridad económica en la Administración).
Por otra parte, institucionalmente, la justicia parece que ha sido inmisericorde con el organismo. El Tribunal Europeo ha cuestionado la ampliación de la ya famosa función 14 diseñada como operación de placaje a E.ON. Algo que supone que el organismo ha perdido parte de su “atractivo” indiscutible como instrumento al servicio de los más altos intereses. El Tribunal Supremo ha tumbado el intento de presidencialización y de configuración de un triunvirato gestor-director interno dentro del organismo, lo que le devuelve su carácter colegiado y deja en una situación de mayor debilidad a Maite Costa que buscaba un carril directo en su actuación como presidenta.
Por otra parte, en el plano de su papel como órgano regulador no está visto de fuertes peripecias. Las subastas de déficit tarifario que ha gestionado el organismo han resultado desiertas quedando al descubierto una baja capacidad institucional para respaldar el proceso de financiación de las decisiones en materia de política tarifaria. A la vez, desde el organismo se inflaman las críticas al modelo de mercado mediante posiciones anexas a las competencias que tiene el organismo en las revisiones tarifarias trimestrales, que además son posiciones ideológicas individuales.
Por otra parte, las relaciones con el Ministerio de Industria no pasan por el mejor momento, como se reconoce en privado desde el sector y desde el propio organismo. La posición del mismo a la revisión de las tarifas de gas ha consumado este divorcio o lo ha explicitado públicamente. El hecho es que el organismo está «out» completamente de lo que tendría que ser un papel activo de cara al proceso de liberalización de tarifas eléctricas y gasistas pendientes y de buscar una resolución gestora responsable al déficit tarifario. Parece que, incluso la vuelta de personal desplazado de la Comisión al Ministerio, entra en ese clima de enrarecimiento de las relaciones con Industria. Además, cada vez hay más temas que se despejan al margen de las propias posturas del organismo.
En resumen, una gestión sumida en la polémica, inmersa en una importante fractura interna, inhabilitada desde el punto de vista institucional y fuertemente erosionada en su credibilidad como órgano regulador independiente que aporte garantía al funcionamiento del modelo de mercado, con estabilidad jurídica y regulatoria, y a los sistemas de supervisión que precisa el sector energético
Lo que está claro es que la CNE está suelta. Alguien tendría que ocuparse de esta situación. Y cuanto antes.