Encuentros en la tercera fase: La operación Gas Natural-Unión Fenosa empieza ahora

La semana pasada el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía dilucidó su postura sobre el alcance en términos de competencia de la operación de adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural. Una operación que, al principio, transitó con cierta indiferencia debido a que el foco se había situado en el vendedor, es decir en Florentino Pérez, el presidente de ACS, y lo qué haría después con la “pasta”, en especial si la iba a emplear para aumentar su participación en Iberdrola. Sobre todo teniendo en cuenta que el precio pagado por Gas Natural por Unión Fenosa es considerado alto entre los informes de los analistas.
La segunda fase del proceso pasó a ser la fórmula de evitación del trámite de la función 14 aprovechando que el Tribunal Europeo pasa por la CNE (como el Pisuerga por Valladolid). El trámite de la función 14 estaba dirigido a comprobar si fruto de una operación se podrían ver afectadas las inversiones de las actividades reguladas y la garantía de suministro. Lo que pasó fue que esta función se amplió en su momento (de forma oportunista al caso E.ON), con un contenido más abierto, arbitrario, incorporando cuestiones de seguridad nacional, nucleares y en ese plan. Vamos una vía abierta para colocar exclusas a grupos que se pudieran considerar hostiles.
El hecho es que por esa vía o por la alternativa del examen previo a la aplicación de la función 14 al holding empresarial adquirente, que no desarrolla actividades reguladas, se ha logrado esquivar la función 14 en esta ocasión. Lo que no quiere decir que las condiciones exgidas en otras ocasiones a operaciones semejantes se cumplan, sobre todo después de las desinversiones, dado el grado de apalancamiento necesario para realizar la propia adquisición. Parece que había prisa en gobierno y oposición en agilizar la operación al máximo posible.
La tercera fase en que nos hemos quedado es la función 15. El análisis de la competencia en el sector energético que efectúa la CNE y que sirve de punto de partida para el dictamen que en este campo hace la Comisión Nacional de Competencia. Ahora la CNC tiene que hacer su propio análisis sobre competencia, lo que puede resultar o un paseo triunfal (como está siendo hasta ahora la operación) o que se convierta en una corona de espinas, en el caso de que se revise la operación con detenimiento en términos de competencia o con menor asentimiento que en la CNE y las desinversiones que fije competencia sean más duras y compliquen el desenvolver financiero de la operación. La operación en este sentido si que pasa a una fase decisiva.
Condiciones muy laxas
Centrándonos en el resultado del Consejo de la CNE en esta última cuestión, podemos decir que han sido unas condiciones laxas (¡en terminología de los cronistas más oficiales!) a la operación y tomadas de forma muy uniforme, casi por aclamación en las dos funciones votadas por el Consejo. Bueno, realmente el resultado que hemos podido conocer ha sido lo publicado por los medios de comunicación y la nota de prensa del organismo, porque a fecha de hoy, aún no se ha publicado en la web del organismo, ni se ha difundido por otra vía, el contenido del Informe aprobado. Aquí, hoy, lo público coincide con lo publicado, porque además se ha pasado casi de puntillas sobre lo dictaminado por la CNE a la vista de este ‘nihilismo’ informativo.
Eso, que la cosa parece que fue por aclamación, con vítores, ovación, orejas, rabo y vuelta al ruedo. Sin apenas oposición o enmienda, con gran consenso interno dentro de su consejo. Con la gran celeridad que tiene este organismo en difundir los anexos a sus dictámenes sobre las tarifas, cuando realiza Informes de Costes y Precios, no se puede conocer todavía el análisis que la CNE ha realizado de la competencia, ni hasta qué punto las condiciones se centran en la actividad eléctrica o gasística de la nueva empresa. Y, además teniendo en cuenta, las posibilidades de que el conflicto pueda acabar en Bruselas a cuenta de la participación de ENI en Unión Fenosa Gas, entre otras cuestiones controvertidas avanzadas por este medio la semana pasada y que han sido planteadas en el proceso de alegaciones.
El hecho de que un informe aprobado por instancia pública no se conozca a una semana de su deliberación, pone encima de la mesa otra cuestión. El de la necesaria transparencia de las instancias públicas. Y este no es buen ejemplo en uno de los elementos y mecanismos que sirven para autorregular la actividad de los organismos (las otras autorregulaciones son otra cosa, una forma de ‘silencio administrativo gestionado’): la disponibilidad de la información abierta, puntual y completa por todos los ciudadanos. El hecho de que los contenidos de los Informes y de las deliberaciones sean accesibles para todos los regulados, en este caso, como un ejercicio de buen gobierno y de derecho para la ciudadanía. España no figura entre los 22 de 27 Estados miembros de la UE que tienen ya una ley de acceso, a pesar de que el programa electoral del PSOE en las generales de 2004 y 2008 incluía el compromiso de adoptar una legislación específica al respecto. De hecho, hasta el presidente del Gobierno, ya en su momento, abogó por una ley «que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España» en esta legislatura.
Mientras esta ley llega y se dibuja de la forma más exigente, se puede predicar con el ejemplo y ser transparentes en cada acción diaria o cotidiana, en cada instancia pública. Sobre todo, cuando hay temas de esta transcendencia. Para no seguir colgados en la tercera fase.
En todo caso, la operación empieza ahora.